El derecho a saber

en: (http://www.flip.org.co/secciones/documentos/06-10-05_doc.html)

Andrés Mejía Pizano
Instituto Prensa y Sociedad, IPYS
Miembros de ‘Freedom of Information Advocates Network’

El pasado 28 de septiembre se celebró mundialmente el día del derecho a saber. La importancia de este derecho radica en la posibilidad de tomar decisiones fundamentadas en factores reales, en poder discernir con base en un criterio fundamentado y también en la posibilidad de construir nuestra propia historia y memoria colectiva.

Saber lo que sucedió el día en que desaparecieron a nuestros padres, nuestros hermanos, sus hijos o sus esposas, a nuestros amigos o parientes cercanos, es importante para encontrar una identidad que ha sido arrebatada con brutalidad. Saber en donde están nuestros seres queridos y si están vivos o muertos, saber porque fueron asesinados los miembros de nuestras familias o los motivos detrás de la muerte de cualquier otro ser humano, es elemental y constituye un mínimo que resulta a penas digno respetar.

En un primer momento, la desaparición forzada oculta la información del paradero de la persona; en un segundo momento, se oculta su estado – si está vivo o muerto – y, en un tercer momento, se ocultan los motivos, se estigmatiza a la persona – “si le pasó fue por algo” – y se falsean las circunstancias que rodearon su desaparición. Con el tiempo, la verdad judicial se impone a la verdad social y en muchos casos se legitimad injustamente. Las víctimas carecen de espacios públicos para reivindicar su derecho de buscar información sobre sus familiares desaparecidos, porque no tienen garantías para hacerlo.

El tema del acceso a la información se encuentra pues directamente relacionado con el problema de la construcción de una memoria histórica en el país. Antes de ser promulgada la Ley 975 de 2005, que ahora regula el marco de desmovilización de los paramilitares responsables de múltiples desapariciones, familiares de los cerca de 1.080 desaparecidos en los últimos años elevaron varios derechos de petición ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de obtener información sobre sus seres queridos, tomando de esta forma una actitud positiva frente a los valores universales de verdad, justicia y reparación. Como respuesta se encontraron con que no hay oficiales implicados, los delitos no son interpretados como de lesa humanidad y no existe información ordenada de parte del Estado al respecto.

A raíz del contexto de violencia por el que atravesamos y el clamor de la gente ante el hallazgo de fosas comunes a lo largo y ancho del territorio nacional, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación creada por el gobierno ha decidido establecer una Comisión Histórica encabezada por el académico Gonzalo Sánchez, con la función, en palabras de su presidente, Eduardo Pizarro, de “construir una historia que podamos compartir la mayoría de los colombianos”. Habrá que ver los resultados del trabajo de esta comisión en un contexto donde muchos consideran que aún no desaparece el paramilitarismo y donde claramente permanece la confrontación armada con la guerrilla de las FARC. Si queremos alcanzar la reconciliación nacional, lo mínimo que merecemos es que la verdad sobre nuestro conflicto interno haga parte de nuestra memoria colectiva.

Como sociedad tenemos derecho a saber qué suerte corrieron los cerca de 1.200 niños combatientes que en el informe de Human Rights Watch del 2003 ‘Aprender a no llorar: niños combatientes en Colombia’ se decía tenían reclutados los diferentes grupos paramilitares. ¿Han sido estos entregados al ICBF? ¿Han sido entregados a sus familiares? Preocupa que las negociaciones con los grupos paramilitares excluyan de la agenda este tema, tal vez con el fin de escapar de una posible responsabilidad penal. No olvidemos que de acuerdo con el derecho internacional humanitario el reclutamiento de menores combatientes constituye un delito de lesa humanidad, frente al cual no puede caber inmunidad, y es considerado por las Naciones Unidas como uno de los más graves flagelos de la actualidad.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, como entidad encargada de recopilar información y producir estadísticas de la gestión pública, no puede continuar siendo una entidad manejada por la Presidencia. Como lo dijo en días pasados Alejandro Gaviria, resulta urgente presentar un proyecto de ley que otorgue independencia al organismo encargado de producir las estadísticas en Colombia y que él mismo sea dirigido por un comité conformado por las diferentes universidades y los centros de investigación del país.

Las palabras de George Orwell escritas en la década de 1940 en el libro “1984”: “War is Peace” “Freedom is Slavery” “Ignorance is Strengh” cobran hoy más valor que nunca como indicativo de alerta frente a la memoria colectiva de nuestra sociedad. ¿Será que el Ministerio de la Paz es en realidad el Ministerio de la Guerra y que fabrica atentados con bomba en nuestras ciudades? ¿Será acaso posible que el estatuto antiterrorista que limita nuestros derechos fundamentales sea el mecanismo adecuado para promover nuestra libertad?

Esperemos que un día cercano los colombianos tengamos acceso a la verdad, a una verdad producto del diálogo con la totalidad de las partes en conflicto, mediante la creación de una comisión de la verdad que incluya a la totalidad de las partes en la búsqueda de la reconciliación. Ese tan anhelado día, algún día, llegará, mientras tanto, los invito a que entendamos el mensaje expuesto por Orwell en negativo en el contexto de la segunda guerra mundial, de que la ignorancia no es una fortaleza y a que recibamos con conciencia y celebremos con una actitud proactiva el día del derecho a saber.

Andrés Mejía Pizano
Instituto Prensa y Sociedad, IPYS
Miembros de ‘Freedom of Information Advocates Network’

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