Las cuentas de Patarroyo


Por: Norbey Quevedo H.

Tomado de:

http://historicos.elespectador.com/periodismo_inv/2004/mayo/nota3.htm

Luego de inventar la vacuna sintética contra la malaria en 1988, el
científico Manuel Elkin Patarroyo ha recibido del Estado cerca de
$50.000 millones para su proyecto. Pero, acudiendo a acciones
populares, el inmunólogo busca el giro de más recursos. El
Ministerio de Protección Social refuta este mecanismo, por considerar
que se trata de auxilios, prohibidos por la ley. Otros científicos
piden que Patarroyo concurse y que se redistribuya el dinero en otras
investigaciones en salud.


Hace 15 años, por sus avances en la creación de una vacuna
sintética contra la malaria, el científico Manuel Elkin Patarroyo
fue calificado como el personaje de la década en Colombia. Era 1989 y
el inmunólogo había recibido del Estado aportes por $137 millones.
Hoy, tres lustros después, las asignaciones del Estado a sus
proyectos suman casi $50 mil millones, y está en curso una disputa
jurídica con el Gobierno por la entrega de más recursos para sus
investigaciones.

El tema no es de poca monta. Investigadores diferentes a Patarroyo
reclaman al Ejecutivo una mayor equidad en la asignación del
presupuesto. El Ministerio de Protección Social, en continuidad de
políticas trazadas desde el anterior gobierno, busca que todos los
proyectos se sometan a concurso abierto a través de Colciencias. Sin
embargo, en el caso de la fundación que preside Patarroyo, los
dineros se ordenaron a través de un fallo de acción popular que
tiene en jaque al Gobierno.

Hace dos semanas, el Ministerio de la Protección Social le otorgó
poder a un abogado para que busque anular los efectos de la
sentencia. Pero el litigio aún no se resuelve. Y sigue vigente una
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el pasado
22 de enero le otorgó al Gobierno un término de 48 horas para
incluir en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional la
iniciativa de vacunas sintéticas de la fundación que orienta el
científico Patarroyo.

Los evaluadores
Mark James, PhD, subdirector del Departamento de Medicina Tropical de
la Universidad de Tulane, New Orleans; Mario Azmel, PhD, profesor de
biofísica de la Universidad John Hopkins, Baltimore, consideran que
los trabajos de Manuel Elkin Patarroyo cumplen con los parámetros y
sus resultados son buenos.

Últimos avances
Actualmente Manuel Elkin Patarroyo trabaja en tres frentes, en un
concepto nuevo de vacunas. En el Fidic tiene definida la estructura
molecular de sus vacunas sintéticas. Y en Leticia trabaja con los
monos Aotus, la especie más cercana genéticamente al hombre. En
ellos prueba la efectividad de las vacunas.

Primeros líos
El 26 de enero de 1990 la revista norteamericana Science informó que
el científico William Collins, del Centro para el Control de
Enfermedades de Atlanta, llevó a cabo investigaciones iguales a las
adelantadas por Patarroyo, con resultados totalmente diferentes y una
protección casi nula contra la malaria.

¿Y quién es él?
Manuel Elkin Patarroyo nació en Ataco, departamento del Tolima hace
57 años. Terminó su bachillerato en el colegio José Max León de
Bogotá. Se graduó como médico de la Universidad Nacional en 1971.
Estudió en las universidades de Yale, Rockefeller y Nueva York de
Estados Unidos. Hizo lo propio en el Instituto Karolinska de Suecia.
Sin embargo, no es la primera vez que, apartándose de los trámites
regulares para este tipo de iniciativas, se acude a la acción popular
para garantizarles recursos a los proyectos de Patarroyo. En octubre
de 2001, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio el mismo
plazo al entonces Ministerio de Salud para inscribir el proyecto de
investigación de vacunas sintéticas del Instituto de Inmunología de
Colombia (Fidic) en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Nacional.

Y entonces, como hoy, la argumentación del Gobierno sigue siendo la
misma. La Constitución ordena: “ninguna de las ramas u órganos del
poder público podrá decretar auxilios o donaciones a favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado”. Y “siendo la
Fidic una persona jurídica de derecho privado, se presenta una
imposibilidad jurídica respecto a la asignación de recursos a
través del presupuesto público nacional, ya que estaríamos ante un
auxilio o donación, expresamente prohibidos por la Carta Política”.

Por lo tanto, en carta dirigida al propio Manuel Elkin Patarroyo, el
pasado 24 de marzo la directora general de financiamiento del
Ministerio de Protección Social, Esperanza Giraldo, le solicitó
presentar su proyecto de inversión en la metodología prevista para
estos fines, con el propósito de que la Dirección General de Salud
Pública continúe con el proceso ante el Departamento Nacional de
Planeación. De paso, le recuerdan las prohibiciones constitucionales
y el marco legal que existe para este tipo de iniciativas privadas.

Para ampliar, haga click sobre la foto


Facsímil en donde se le advierten posibles líos legales a Patarroyo.
Facsímil en donde se pide la nulidad de la acción popular.
“Titánicos quijotes”

Y mientras se resuelve la nulidad solicitada por el Ministerio de
Protección Social, los promotores de la acción popular en favor del
científico Patarroyo, con peculiares argumentos, seguirán invocando
la protección de la salubridad pública, la moral administrativa, la
defensa del patrimonio científico y tecnológico del país y el
derecho a la prevención de desastres, de no aprobarse las
apropiaciones presupuestales que garanticen el proyecto científico de
la vacuna sintética contra la malaria que actualmente orienta el
inmunólogo.

Según Alfonso Acevedo y Alberto Delgado, gestores de los debates en
el Tribunal de Cundinamarca, las investigaciones del médico Patarroyo
se sustentan, entre otros aspectos, en que se trata de apoyar a un
científico humanista y sabio, “con una humildad inconmensurable que
no conoce límites”, que además estaba a ocho meses de concretar el
experimento de la definitiva vacuna sintética contra la malaria,
cuando ocurrieron los absurdos hechos de haber sido embargado por
deudas que correspondían al hospital San Juan de Dios y no al
científico.

Los accionantes han manifestado en su acción popular también que,
en “una escalada de insania mental increíble”, además de
privarle a Manuel Elkin Patarroyo de su laboratorio y sus insumos,
“tuvo el Ejecutivo, el Ministerio de Salud (doctora Sarita
Ordóñez), la muy sui géneris y genial idea, ¡admirable idea!, de
suprimirle de un tajo la mínima, elemental ayuda o apoyo que le
estaba dando como aporte el Gobierno”, que el noble científico
hacía estirar hasta el máximo, con loable abnegación, estricta
responsabilidad y mentalidad franciscana, en un inquebrantable y
quijotesco proyecto humanitario.

La acción popular no sólo se interpuso contra la Presidencia de la
República, sino contra el Ministerio de Salud, la oficina de
Prevención de Desastres, la Dirección Nacional de Presupuesto y
hasta la Academia Nacional de Medicina. Y según los demandantes, ante
el “raponazo” que le han hecho al médico Patarroyo y su equipo de
colaboradores, éste ha respondido “con la dimensión suprema de los
espíritus más nobles y grandes que en el mundo han sido Jesucristo y
Gandhi. Ante el agravio, menosprecio. Ante los golpes, poner la otra
mejilla”.

En su defensa, Acevedo y Delgado aluden a los hechos derivados del
cierre del hospital San Juan de Dios, ordenado por el Gobierno
Pastrana en el año 2001. Como se recordará, los equipos del
Instituto de Inmunología que orientaba Patarroyo en este centro
asistencial fueron embargados y, después de una publicitada
controversia pública, el científico colombiano decidió crear la
Fundación Instituto de Inmunología, Fidic, para persistir en sus
proyectos. Al sostenimiento de esta obra va encaminado el litigio que
mantiene con el Gobierno.


Manejo de dineros

Según el último informe de supervisión y seguimiento del convenio
celebrado entre el Ministerio de Protección Social y la Fundación
Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic), correspondiente al
segundo semestre de 2003, el valor total del contrato ascendió a
$5.700 millones, de los cuales, los rubros más altos son: $3.500
millones que corresponden al rubro de recurso humano y $843 millones
para los gastos generales de funcionamiento. Los demás costos
corresponden a materiales de laboratorio, maquinaria y equipo,
adecuaciones e imprevistos.

En opinión del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade),
la Fidic “utilizó y manejó adecuadamente los recursos provenientes
del anticipo, excepto por observaciones presentadas en aspectos
fiscales”.

Sobre este último aspecto, Fonade, en su condición de supervisor del
proyecto, advierte que es importante que Fidic solicite algunos
documentos a sus contratistas para evitar posibles sanciones de la
DIAN, y que es necesario obtener las facturas de todas las compras
para que no sean rechazadas fiscalmente y se generen sanciones
tributarias.

En las acciones populares instauradas ante el Tribunal de
Cundinamarca, los demandantes manifiestan que el equipo de
científicos de Patarroyo (aproximadamente 160) son personas con
ideales de servicio humanitario sin límites, pero que “tienen
familias, deben comer, vestirse, tener un techo, pagar arriendos,
sostener cónyuges e hijos”, y que ha sido tan alarmante, crítica y
angustiosa su situación, que muchos han seguido el ejemplo de su
maestro, y han hipotecado sus bienes para sobrevivir y no morir de
inanición ni dejar morir a los animales de experimentación.

En la actualidad, el inmunólogo Patarroyo concentra su trabajo en el
Amazonas, donde edificó una moderna sede financiada con recursos del
Estado y contribuciones de los gobiernos de Alemania y España.

En 1988, cuando Patarroyo anunció su vacuna antimalaria, su
efectividad era de hasta 40 personas inmunizadas exitosamente de cien
que recibieron la dosis. Según el científico, su objetivo es que,
dentro de dos años, de cien personas inmunizadas, 95 queden a salvo
de la mortal enfermedad que hoy, en promedio, afecta anualmente a 3
millones de personas en el mundo.

En comunicación telefónica con El Espectador, el científico Manuel
Elkin Patarroyo señaló que no se pronunciaría sobre el tema del
manejo de recursos a través de la Fidic.

Sin recursos, es claro que esta meta no podrá cumplirse. Pero el
Gobierno estima que si bien es una prioridad fortalecer la actividad
científica en salud, para hacerlo tiene que sujetarse a la
Constitución y la ley. Por eso busca la nulidad de la acción popular
e instó al médico Patarroyo a que asuma los trámites
presupuestales. Los promotores de la acción popular argumentan que si
el Gobierno “siempre le tiende en exceso la mano al sector más
poderoso de la economía, como el financiero cuando éste ha tenido
dificultades aparentes o reales”, también puede hacerlo con la
investigación científica. ¿De quién es la razón? el Tribunal de
Cundinamarca tiene la palabra.


Tomado de:

http://historicos.elespectador.com/periodismo_inv/2004/mayo/nota3.htm

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3 piedras han sido lanzadas:

Roberto Iza Valdes said... 08:08  
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ventas-online said... 09:21  

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